Los envíos de recursos de migrantes guatemaltecos a sus familias sobrepasan los US$12 mil 400 millones: un aporte que debe revalorarse.
No le voy a llamar éxodo sino exilio migrante a la salida forzada de millones de guatemaltecos, que han dejado su patria, su familia, su pueblo, su vida previa, con gran sacrificio y a menudo con inmensos riesgos. Lo hacen para escapar de la pobreza y en busca de una mejor vida para sus familias. Exilio causado por corrupción, pésimas administraciones (municipales y gubernamentales), delincuencia y centralización excesiva de la administración pública que a su vez impide el avance integral de las zonas rurales.
La semana anterior tuve la oportunidad de participar en el Simposio Desarrollo Económico de las Comunidades Indígenas, organizado por el Ministerio de Trabajo, con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Invitados por la ministra Miriam Roquel, maya kaqchik’el, quien propuso esta necesaria interacción.
No se pudo pasar por alto, y más bien se resaltó como factor de cambio, el exilio masivo de muchos indígenas guatemaltecos, de diversos pueblos, hacia Estados Unidos, en donde logran no solo sobrevivir, sino destacar, crear emprendimientos, impulsar negocios, crecer académicamente y enviar recursos a Guatemala, mediante remesas—convirtiéndose en el pilar económico más importante que sostienen al país.
Q20 de cada Q100 en la economía guatemalteca son aportados por los migrantes, que merecen mayor y mejor reconocimiento.
Pero las remesas familiares son un recurso económico que tiene un altísimo costo. Se dividen familias, hijos quedan al cuidado de los abuelos, a veces logran reunificarse, pero a menudo no, debido a que son migrantes indocumentados, con una situación precaria, porque deben desempeñar dos y hasta tres empleos para poder generar la ayuda.
Además, esta salida de personas, de manos, de brazos, de cerebros, es una pérdida para Guatemala, que expulsa talento joven y miembros de familias reales, absolutamente insostenible a corto y largo plazo. El bono demográfico tiene aquí una fuga de emergencia, se va a fortalecer la economía estadounidense.
Las cifras no mienten: los departamentos del Occidente guatemalteco, aquellos donde existen las mayores comunidades indígenas, son los mayores receptores de remesas. Pero este recurso tan grande, tiene que comenzar a aprovecharse de una manera distinta y eso implica una transformación de los mecanismos de recepción, de las políticas públicas y de las vías de apoyo a las comunidades. Y esa transformación debe ser concreta, sensible, con visión de beneficio a los migrantes y al pueblo. Todo lo demás son discursos vacíos.
Por ejemplo, el costo de envío y recepción de remesas, incluyendo el tipo de cambio aplicado, sigue superior al 3% publicado del monto total. En tiempos de alta tecnología, interconexión global, este costo debe ser menor—especialmente con volumen que fácilmente sobrepasa el presupuesto nacional. Pero no existe mayor competencia entre proveedores de tales servicios. Esta diferencia o más bien esta reducción a futuro debería utilizarse para generar recursos a beneficio de la infraestructura, los servicios de salud y educación de los departamentos beneficiados.
También se necesita de estrategias y recursos para que los migrantes en EE.UU. puedan comprarles directamente a emprendedores de comunidades guatemaltecas, de artes, artesanías, oficios y producción agrícola, a fin de descentralizar el comercio, a la vez que integrar a esas dos grandes Guatemalas.
El migrante merece desde hace mucho una efectiva representación política e incidencia en la toma de decisiones municipales. El voto de los migrantes por alcaldes y diputados distritales se debe hacer viable, porque somos un sector informado, consciente y crítico. Conocemos las necesidades de nuestros pueblos y nos importan porque allí están nuestras familias. La transformación es una exigencia de los tiempos y de las realidades.
