Sí está bien exigir la reparación de puente y la carretera: pero hay otros procesos que son camino al desarrollo institucional y se les debe priorizar.
En distintos países, en cada campaña electoral, incluyendo a EE. UU., que hoy culmina su cita con las urnas, los ciudadanos exigen “cambios”, demandan “transformación” y los políticos, sobre todo si son opositores, no dudan en ofrecer tales conversiones. Sin embargo, siendo realistas, las situaciones de fondo —o sea, las más importantes— no cambian de un día para otro, tampoco dependen de una sola persona. En Guatemala, se protestó en 2015 y se eligió a un gobierno que ofreció cambios. No fue así.
En 2019 ocurrió algo similar, tanto que hasta se querían heredar funcionarios. Y en 2023, contra pronóstico, la ciudadanía votó por un partido que ni figuraba en las encuestas, pero que fue el que legítimamente fue designado.
Ahora hay muchos reclamos y descontentos por la lentitud con que avanzan ciertos temas, sobre todo obra carretera. Seguro hay decisiones y acciones que sí pueden ser más ágiles y son válidas las expectativas de mejor rendimiento de funcionarios. Pero, tengamos en mente que el daño que los gobiernos anteriores han dejado es enorme. Entre 2012 y 2015 hubo fraudes y estafas como la de Odebrecht. Entre 2015 y 2019 se construyó con mucha rapidez el Libramiento de Chimaltenango y veamos el fraude que es.
Hay decisiones y acciones gubernamentales inmediatas que se pueden acelerar, pero el reto de fondo es de transición a mediano y largo plazos.
Existe un dicho: “No se pueden esperar resultados diferentes si se siguen repitiendo las mismas acciones”. Transformar las reglas de contratación de obra es un proceso que enfrenta a la resistencia de quienes tenían las obras del Estado como un botín, caja chica y bolsón de efectivo. Basta ver obras abandonadas por empresas contratadas en el anterior gobierno a las que se les adelantaron pagos. Los ciudadanos debemos organizarnos para auditar al Estado de una forma integral y con la vista en el desarrollo. Se supone que los partidos políticos deben hacer eso, pero ellos tienen más interés en complacer a sus financistas o a caudillos locales.
El cambio de rumbo nacional necesita, imperativamente, de un cambio de mentalidad ciudadana. Eso lleva tiempo, pero podemos comenzar desde ya a incluir la auditoría de calidad en los servicios y la obra pública.
Es necesario desmantelar redes de privilegios y de corrupción, pero basta ver cómo ciertos casos están dormidos y sin resultados en fiscalías. De esos resultados de la justicia depende la transformación, y la ciudadanía debe exigirlos con tanta fuerza como se exige un puente, una carretera o un buen hospital. El sistema de justicia es el hospital de la legalidad, en donde la corrupción se cura con sentencias ejemplares.
Reformar o generar nuevas leyes como la de contrataciones, la de competencia o de servicio civil en el Estado son prioridades varadas. Deberían ser exigidas con igual o mayor fuerza que el paso de Palín-Escuintla. Y no es que este no sea; claro que lo es, para el comercio, el transporte, la industria.
Pero Guatemala no va a transitar hacia el futuro de desarrollo integral si seguimos encerrados en el corto plazo. Se deben trazar prioridades estratégicas que debemos evaluar continuamente.
Sí, exijamos lo inmediato, pero prioricemos las rutas de largo plazo: aquellas que nos llevarán a reducir la migración forzada, a desaparecer la desnutrición, a brindar mejores servicios de salud. Apenas ayer se reveló que una red de empleados roba medicamentos del hospital de Amatitlán que causan desabastecimiento. El problema de fondo es el descontrol de inventarios que ya debería ser digital y con acceso solo para personal de confianza. Esas son transformaciones sistémicas que nadie está exigiendo por estar enfocados en un puente que ya en poco tiempo estará abierto.
