La politiquería corrompe a través del tráfico de candidaturas, ofrecimiento de cargos u otras prebendas al mejor postor.
Las mismas caras que veremos en las boletas electorales de los comicios del próximo 25 de junio, apuntan a que muchas de estas personas no ven el servicio público como una oportunidad para mejorar las condiciones de desarrollo sino como simple trampolín para enriquecerse, hacer negocios y proteger determinados intereses mas no los de la ciudadanía. El mismo vehículo electoral está diseñado para ser un negocio que además evita que otras personas, con el don de servicio, puedan ejercer su derecho a postularse y ser electos. Además, sus filtros mezquinos no permite que el mejor interés de los guatemaltecos sea su norte.
Es una desgracia que la gran mayoría de partidos en lugar de reflejar las necesidades de las comunidades ante el Estado, solo sirvan de escaleras a oportunistas y aprovechados. A estos lo que menos les interesa es el bienestar de familias, madres, niños, enfermos, trabajadores, jóvenes, etc. Se valen de discursos populistas para hacer creer a la gente que sí piensan en ellos y se nutren de favoritismos internos para vender candidaturas.
Muchas agrupaciones solo reflejan afán de privilegios y poco les importan las legítimas prioridades municipales, departamentales y nacionales.
Lo más trágico de todo esto es que estos grupos siguen utilizando la polarización: a toda costa buscan dividir a la población, someterla a condiciones de pobreza, de agobio y distraerla de los verdaderos temas para que en cierto punto se resigne a agarrar lo supuestamente “menos malo” que termina siendo mucho peor que lo anterior: así lo hemos venido comprobando, desde que me fui hace 33 años y también desde que regresé al país en 2008 para invertir en las personas y generar oportunidades.
El cáncer politiquero ha llegado a incorporarse hasta los sectores más profundos de nuestra sociedad. Me he enterado de casos de supuestos líderes comunitarios que plantean peticiones de la gente, que se suman a comités cívicos o partidos, pero a la hora de definir posibles representantes para el Congreso o concejos municipales piden candidaturas o cargos para sus parejas, hijos, sobrinos u otros parientes, aunque no tengan el don de servicio. Es la transacción a cambio del “apoyo” que, según ellos proveen. Y esto, para los partidos es una práctica normal, lo aceptan, lo aprovechan y lo promueven. Todo con tal de obtener votos. Es una sinvergüenzada. El dinero les desespera y hace venderse al mejor postor.
Y ahí está la importancia de la ciudadanía consciente, la mayoritaria: aquella que debe comenzar a exigir cambios y la erradicación de estos esquemas que impiden condiciones equitativas de participación, que distorsionan la agenda de prioridades municipales, departamentales y nacionales. La ciudadanía tiene la única fuerza que puede exigir planes sostenidos de Estado.
La propia campaña electoral empieza a agarrar rumbo por temas secundarios, inaplicables y absurdos como dividir entre quienes quieren pena de muerte o no, o si son de izquierda o de derecha, que si tienen valores de familia o no. Distracciones. Su único fin es desviar la atención de lo que realmente importa en nuestros representantes públicos: qué conexiones tiene, qué experiencia, tiene antecedentes de corrupción, nexos con mafias o con oscuros negociantes de influencias: ¿su historial de vida demuestra don de servicio?
Si solo el bienestar es para unos pocos, todos perdemos. El TSE ya ha inscrito como si nada a personas que tienen prohibición constitucional o que han estado ligadas a procesos judiciales. Desconocemos las razones, pero podemos suponer cabildeos a escondidas, ofrecimientos, conveniencias. Es allí donde la ciudadanía tiene que exigir cambios, comenzando por la forma en la que votará en junio. Es necesario involucrarnos, participar, exigir información y sobre todo no dejarnos dividir: a Guatemala la sacamos adelante unidos.
