Una crisis institucional que involucra a cientos de miles de ciudadanos.
El derecho a la identidad -de migrantes o no migrantes- es fundamental para toda persona, porque le otorga el respaldo de un Estado para existir legalmente, superarse, laborar y emprender.
Lamentablemente, hay situaciones que vedan este derecho. La semana pasada conocí la situación de María, quien por causa de no poder obtener su Documento Único de Identificación—DPI, se encuentra privada de obtener un pasaporte que le permita viajar con su esposo e sus hijos al país donde su esposo es ciudadano.
Lo trágico es que esta historia se repite miles de veces: personas que por no tener documento de identificación afrontan un calvario.
Al ser un requerimiento el DPI para poder emplearse, muchas personas que no lo tienen, se ven eliminadas prematuramente en el proceso de selección de talentos. Otras personas, no pueden ni siquiera abrir una cuenta bancaria o efectuar otros trámites que requieren la mostración fehaciente de su identidad legal.
Es una injusticia que los jóvenes con 18 años recién cumplidos, vean su ilusión de estrenarse como ciudadanos esfumarse al no poder recibir en un tiempo prudencial su DPI, lo cual representa barreras en inscripciones universitarias y búsqueda de trabajo.
Las consecuencias de no poder identificarse legalmente superan la circunstancia personal y se convierten en un alto costo para la sociedad, impiden la generación de ingresos y con ello el consumo comercial, así como incrementa la necesidad de tener que trabajar informalmente, sin declarar impuestos.
Conozco a un par de amigos, cuyo DPI se deterioró, pero en lugar de solicitar una reposición han optado por unir las piezas con cinta adhesiva ante el temor de quedarse sin la credencial por tiempo indefinido.
Los que hemos estado en situaciones informales en otro país —en mi caso en EE. UU., comprendemos los desafíos que esto implica. Por eso comprendo la difícil situación de estar sin identidad, pero cuando escucho estas historias de guatemaltecos en Guatemala, valga la redundancia, me es difícil comprender cómo uno puede estar indocumentado en su propio país. ¡Es una irresponsabilidad y un obstáculo para el desarrollo del país—no un contratiempo!
No es ético tener a tantos guatemaltecos viviendo este calvario, no es ético de parte de las instituciones del gobierno a cargo de proveer el DPI dejar tanto tiempo sin resolver esta situación. Es cierto que nuestro país necesita resolver otras situaciones, pero no es ético que exista una fila de espera superior a las 300 mil personas sin que la presidencia u otro organismo del Estado intervenga para poner orden y agilizar la solución mediante los recursos legales, técnicos y económicos necesarios.
«Me es difícil comprender cómo uno puede estar indocumentado en su propio país. ¡Es una irresponsabilidad y un obstáculo para el desarrollo del país—no un contratiempo!» – Marcos Antil
A los encargados de la emisión del DPI, tengan iniciativa propia y resuelvan esta situación—por el bien del país—recuerden que detrás del problema de la violación al derecho de identidad de las personas, hay graves implicaciones productivas, en derechos de locomoción y también en el cumplimiento de responsabilidades fiscales de las personas. Es un circulo en el cual, a final de cuentas, todos somos afectados.
La situación alcanza a seres inocentes: pensemos en aquellos recién nacidos que no pueden ser registrados y reconocidos legalmente por carecer sus padres de documento de identificación. Debe existir un consenso serio y permanente para enfrentar esta situación que pasó de ser un atraso incidental a una verdadera crisis de Estado, puesto que si cientos de miles de ciudadanos no tienen forma de acreditar quiénes son y a donde pertenecen debido a una debilidad institución, ¿a quién más pueden recurrir?
