Cualquier acuerdo debe buscar el desarrollo humano integral y la recuperación de la democracia.
La crisis política y social que vive Guatemala pareciera un cuento de nunca acabar, a menos que la ciudadanía, la clase política, el sector económico y los diferentes actores de la sociedad civil establezcamos un diálogo y logremos un pacto que sustente la recuperación de la democracia y, sobre todo, que tenga como objetivo el bienestar de toda la ciudadanía. Un pacto que apueste a todos—en especial a las niñas y niños olvidados de las áreas más remotas de Guatemala.
La coyuntura de 2015 nos permitió abrir los ojos y entender que, lo que no ha dejado consolidar nuestra democracia, lo que nos ha llevado a este punto de inestabilidad política y de ingobernabilidad; la crisis de la representatividad y la amenaza al futuro de nuestros hijos, es la correlación de fuerzas y poderes fácticos que tienen cooptado el Estado, por intermediación de la clase política tradicional. Si eso no cambia, cualquier esfuerzo por lograr una sociedad democrática, incluyente, plural y equitativa, será en vano.
Guatemala debe innovar; el sistema actual ya no aguanta—tarde o temprano se va derrumbar.
La manera más viable para romper con ese esquema y reencausar a Guatemala en la senda democrática, es a través de un pacto social. Se trata de un acuerdo político entre los diferentes actores de la sociedad basado en la empatía, la ética, el respeto al espíritu de las leyes; en la búsqueda de recuperar y fortalecer la institucionalidad y en la verdadera participación ciudadana.
Debemos empezar por un pacto que permita devolver la dignidad a la política, a través de priorizar propuestas basadas en valores éticos, en cambiar las reglas del juego para que permita una participación amplia y equitativa. Hoy, la política se basa en la compra de voluntades, en el financiamiento a cambio de favores y en el enriquecimiento a costa de los recursos del pueblo, cuando debería basarse en la honestidad, en el espíritu de servicio y en el anhelo de bienestar común. Por eso, es necesario reconstruir la política, innovar el sistema con nuevos actores y partidos. Se debe modernizar el sistema electoral.
En los últimos gobiernos hemos visto un total irrespeto a las leyes. Lo poco que, con tanto esfuerzo hemos logrado para que los procesos sean transparentes, el actual gobierno lo está demoliendo. Nuestros representantes deben ser los primeros en respetar la ley y ser transparentes. Los legisladores tienen la responsabilidad de actuar apegados a derecho. Actualmente, la ciudadanía es la única que actúa en el marco legal y para generar un mejor clima para la economía y el desarrollo—necesitamos actuar todos dentro de la legalidad.
Guatemala necesita un pacto social basado en la ética para salir de esta crisis.
La pérdida de credibilidad y de confianza hacia nuestras instituciones, por las acciones de políticos sin ética y empatía, es lo que ha llevado al retroceso de la democracia. Los ciudadanos necesitamos sentir que la institucionalidad existe para nuestro bienestar. Las entidades de gobierno y los organismos del Estado son para llevar el progreso hasta el último rincón del país. ¡Deben dejar de ser agencias de empleo y modo de pago de favores y compadrazgo!
Lo más importante para lograr salir de la crisis, es la participación ciudadana. Nadie debe callarnos y nadie nos puede intimidar—los que se aferran al “poder”, tarde o temprano rendirán cuentas a la ciudadanía. Guatemala es pacífica. Los guatemaltecos debemos seguir luchando. Somos corresponsables del sistema político. Con ir a votar y elegir no es suficiente. Debemos participar y apostar por nuevos liderazgos y delegar mejor nuestra representatividad. Seamos integrantes de un partido o no, la democracia nos pertenece y depende de nosotros.
